(Publicado en www.soitu.es)
CCOO denuncia que trabajadores de Parla limpian Leganés para minimizar la huelga
CCOO-Madrid considera que los Consistorios de Parla y Leganés podrían haber incurrido en un delito contra los derechos de los trabajadores al permitir que camiones y trabajadores de una empresa de limpieza de Parla minimicen el efecto de la huelga indefinida que mantienen los empleados de Leganés.
En un comunicado, CCOO asegura que no menos de diez camiones y veinticinco trabajadores de la empresa SUFI S.A., que presta sus servicios en Parla, están limpiando las calles de Leganés para minimizar los efectos de la huelga legal convocada en este municipio.
Este hecho, de suma gravedad en opinión de CCOO, pudiera ser constitutivo de un delito al tener tratar de vulnerar el derecho fundamental de huelga, señala la nota.
Para Jaime Lancho, Secretario General de la Unión Comarcal Sur de CCOO de Madrid "es inaceptable que dos alcaldes democráticos, uno de ellos máximo responsable regional de su partido -Tomás Gómez, alcalde de Parla, y Rafael Gómez Montoya, de Leganés-, se pongan de acuerdo para boicotear un derecho fundamental de los trabajadores, al viejo estilo del ordeno y mando".
En su opinión, esta decisión de los ediles "es un engaño para los ciudadanos de ambos municipios, ya sea porque Parla paga la factura de la huelga en Leganés resintiéndose de un servicio que pagan para su localidad; o porque las arcas leganenses estén sufragando doblemente el coste del servicio pagando a una empresa con la que no tiene contrato para esta actividad".
Asimismo, el secretario general de CCOO en el Sur de Madrid insta a ambos alcaldes a "abandonar la demagogia y a dotar de coherencia a sus decisiones".
"No se puede utilizar el argumento de que, la limpieza viaria es un servicio público esencial que requiere de unos servicios mínimos altísimos y garantizarlos con cuantas dotaciones policiales sean necesarias, y al mismo tiempo tener privatizado ese servicio por entender que no es esencial."
Por otro lado, el sindicato recuerda que la empresa SUFI S.A. fue adjudicataria de un contrato, por el que recibirá al menos 18 millones de euros cada uno de los diez años de vigencia, en Parla, para realizar diferentes servicios de limpieza sustituyendo precisamente a URBASER.
Según Comisiones, el problema parte de la coexistencia de tres pliegos de condiciones diferentes para tres zonas del mismo municipio que han permitido a la empresa mantener condiciones laborales distintas en una misma plantilla para una misma actividad, provocando discriminaciones importantes y situaciones de irregularidad al utilizar trabajadores de unos servicios para paliar las deficiencias de otros.
Así, un trabajador de Urbaser en Leganés que cobra de media unos 700 euros al mes por 40 horas de trabajo semanales de lunes a sábado, "sufre una permanente presión para realizar su trabajo ante la insuficiencia de plantilla y se ve obligado a realizar numerosas horas extraordinarias e incluso a duplicar frecuentemente para cubrir bajas o permisos que la empresa se niega a sustituir", explican los representantes sindicales.
Por ello, tanto CCOO como UGT han reclamado una subida salarial, en un periodo de 5 años, de 5.200 euros anuales y cinco horas menos de jornada semanal.
CCOO-Madrid considera que los Consistorios de Parla y Leganés podrían haber incurrido en un delito contra los derechos de los trabajadores al permitir que camiones y trabajadores de una empresa de limpieza de Parla minimicen el efecto de la huelga indefinida que mantienen los empleados de Leganés.
En un comunicado, CCOO asegura que no menos de diez camiones y veinticinco trabajadores de la empresa SUFI S.A., que presta sus servicios en Parla, están limpiando las calles de Leganés para minimizar los efectos de la huelga legal convocada en este municipio.
Este hecho, de suma gravedad en opinión de CCOO, pudiera ser constitutivo de un delito al tener tratar de vulnerar el derecho fundamental de huelga, señala la nota.
Para Jaime Lancho, Secretario General de la Unión Comarcal Sur de CCOO de Madrid "es inaceptable que dos alcaldes democráticos, uno de ellos máximo responsable regional de su partido -Tomás Gómez, alcalde de Parla, y Rafael Gómez Montoya, de Leganés-, se pongan de acuerdo para boicotear un derecho fundamental de los trabajadores, al viejo estilo del ordeno y mando".
En su opinión, esta decisión de los ediles "es un engaño para los ciudadanos de ambos municipios, ya sea porque Parla paga la factura de la huelga en Leganés resintiéndose de un servicio que pagan para su localidad; o porque las arcas leganenses estén sufragando doblemente el coste del servicio pagando a una empresa con la que no tiene contrato para esta actividad".
Asimismo, el secretario general de CCOO en el Sur de Madrid insta a ambos alcaldes a "abandonar la demagogia y a dotar de coherencia a sus decisiones".
"No se puede utilizar el argumento de que, la limpieza viaria es un servicio público esencial que requiere de unos servicios mínimos altísimos y garantizarlos con cuantas dotaciones policiales sean necesarias, y al mismo tiempo tener privatizado ese servicio por entender que no es esencial."
Por otro lado, el sindicato recuerda que la empresa SUFI S.A. fue adjudicataria de un contrato, por el que recibirá al menos 18 millones de euros cada uno de los diez años de vigencia, en Parla, para realizar diferentes servicios de limpieza sustituyendo precisamente a URBASER.
Según Comisiones, el problema parte de la coexistencia de tres pliegos de condiciones diferentes para tres zonas del mismo municipio que han permitido a la empresa mantener condiciones laborales distintas en una misma plantilla para una misma actividad, provocando discriminaciones importantes y situaciones de irregularidad al utilizar trabajadores de unos servicios para paliar las deficiencias de otros.
Así, un trabajador de Urbaser en Leganés que cobra de media unos 700 euros al mes por 40 horas de trabajo semanales de lunes a sábado, "sufre una permanente presión para realizar su trabajo ante la insuficiencia de plantilla y se ve obligado a realizar numerosas horas extraordinarias e incluso a duplicar frecuentemente para cubrir bajas o permisos que la empresa se niega a sustituir", explican los representantes sindicales.
Por ello, tanto CCOO como UGT han reclamado una subida salarial, en un periodo de 5 años, de 5.200 euros anuales y cinco horas menos de jornada semanal.
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